Se agudiza la crisis política en Perú.
Ayer jueves 01 de diciembre 2022 el grupo de alto nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió a Perú, convocar a un diálogo e iniciar una tregua política para superar la crisis de gobernabilidad que atraviesa la nación.
La semana pasada, la misión, que visitó el país suramericano presentó su informe preliminar ante el Consejo Permanente de la OEA, en el que dio una serie de recomendaciones y un análisis sobre la situación actual en Perú.
El excanciller paraguayo Eladio Loizaga en el Consejo Permanente, leyó el documento que insta a los liderazgos políticos del país a convocar un diálogo formal entre "la Presidencia, el Legislativo, las altas cortes" y otras partes implicadas. Este diálogo, recomendó el informe, debe ser independiente y podría ser apoyado por una organización internacional si "así lo consideran" las partes.
El informe de la OEA aconseja llamar a una tregua política de 100 días para que el presidente peruano, Pedro Castillo, y su equipo político puedan llevar adelante su plan de gobierno.
Luis Almagro, secretario general de la OEA, estimó que las recomendaciones del informe deben ser abordadas en un Consejo Permanente en los próximos días y sugirió a los estados miembros proponer una resolución.
Enfatizó Almagro, que el informe preliminar contiene "elementos de preocupación", como referencias a que la "democracia en Perú está en cuidados intensivos" y que existe un "acoso permanente y confrontación entre los poderes" del Estado.
La Misión Especial de la OEA, que estuvo integrada por cancilleres de varios países y sostuvo casi 30 reuniones durante su visita a Perú, también solicitó al Tribunal Constitucional del país pronunciarse cuando "se presente un impasse entre los poderes".
La institucionalidad democrática en Perú está en riesgo debido a la inestabilidad, un ambiente altamente polarizado, acoso permanente y confrontación entre poderes o el uso excesivo de herramientas de control político, entre otros factores, asegura el informe preliminar. "Entre los poderes del Estado existen acusaciones y señalamiento de que el riesgo de gobernabilidad reside en el otro poder, y no en ellos mismos", dice el documento.
La gente ve al Estado como "actores que no están pensando en el bien común de la población". Esta confrontación permanente es la culpable de que exista una "pérdida de credibilidad" por parte de la ciudadanía en los poderes del Estado, señala el informe.
La misión especial establece también, la existencia de racismo en el país, asegurando que la Presidencia de Castillo "puso de manifiesto" este problema, y pidió a los actores políticos y de la sociedad civil respetar los derechos humanos.
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