Gobierno le responde a comisionado ONU sobre el derecho RD a repatriar ilegales

 


Santo Domingo

11 Febrero 2023.

Anoche el gobierno dominicano  respondió  al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos,   Volker Türk, recordando el derecho del país “a repatriar o deportar”, y la vez hacer de su conocimiento que es “soberano de todas las naciones y necesario para migraciones seguras, ordenadas y regulares”.

A través de la red social Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, respondió a este caso en varios mensajes.  

“Sorprende que el Comisionado haya hablado de deportaciones en Haití, en vez de llevar soluciones a la crisis”.

 República Dominicana en 2022, repatrió a 120,900 extranjeros, en su mayoría de nacionalidad haitiana, y entre estos “solo había dos menores que sí estaban acompañados”, dijo.

 Unos 3,176 menores haitianos fueron entregados al Consejo Nacional de la Niñez dominicana, el año pasado, para su reunificación familiar en Haití a través del Institut du Bien Etre Social et des Recherches (IBERS).

Resaltó “En la red pública dominicana la  proporción de partos de madres haitianas atendidos, aumentó de 12.5% a 32.8% entre 2018 y 2022”.

 El país no puede suplir las necesidades o carencias básicas de la población haitiana, porque “esta es una responsabilidad del Estado haitiano”, manifestó Alvares.

“No se ha dejado de cumplir con el acceso a la salud de las migrantes embarazadas que garantiza nuestra constitución. Solo en 2022 más de 34 mil partos de inmigrantes haitianas fueron atendidos en la red pública” nacional, de manera gratuita, precisó.

“La crítica situación que atraviesa Haití no es responsabilidad del gobierno dominicano, ni podrá ser jamás obstáculo para la aplicación de nuestras leyes. Sí queda por aclarar la postura de la comunidad internacional ante la tragedia haitiana”, recordó el funcionario.

 El ministro, aseguró “El gobierno dominicano trabaja para mejorar la calidad de los centros de acogida y vehículos en los procesos de interdicción migratoria, garantizando el debido proceso constitucional en los procesos administrativos”.

 

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